Foro Social Mundial
Manifiesto para una economía con
finalidad humana.
El Primer Foro
Social Mundial de 2001 ha permitido imaginar una mundialización
de nuevo tipo y de afirmar que otro mundo, más solidario, es posible. A los
principios de una economía fundada sobre la rentabilidad del capital financiero,
es necesario oponer criterios de inversión y de intercambio fundados sobre los
imperativos del desarrollo de los individuos y de las sociedades.
[...] Este primer encuentro ha hecho ver
que para la fría lógica del aparato económico no sólo responde el sobresalto de
la generosidad, sino también la lógica, viva y no menos rigurosa, que inspiran
los imperativos de la finalidad humana. La economía –actividad de transformación
de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas- por definición, sólo
tiene sentido con relación a esta finalidad.
Cuando el medio se vuelve fin y el fin
medio, cuando los seres humanos están al servicio del dinero y no el dinero al
servicio de los seres humanos, la racionalidad se vuelve sinrazón y el mundo cae
en el absurdo. Así, en un medio siglo, cuando
el producto mundial ha sido multiplicado por 9, las desigualdades entre los
pueblos se han amplificado y, según el PNUD, en 80 países, el producto per
capita (PPC) ha regresado. La máquina, que tendría que aliviar al ser humano,
engendra, en las naciones más ricas –aun en periodo de reactivación- la
desigualdad, la miseria y la exclusión social.
La carrera productivista en la cual se
somete a las empresas, agota la naturaleza, amplifica las extracciones y las
basuras, y perturba los grandes mecanismos reguladores de la biosfera. La vida
humana en su conjunto, se vuelve objeto de mercancía y nuevo criterio de
racionalidad, la lifetime value expresa el valor de la persona en función
de las compras que esta puede realizar durante toda su existencia. Si la
eficacia se define por lo “que produce el efecto que se espera (1)” ¿qué
sentido puede tener en economía?
Contra los principios de una economía
fundada sobre la rentabilidad del capital financiero, es necesario oponer
criterios de inversión y de intercambio fundados sobre los imperativos de la
finalidad humana. Frente a las ventajas comparativas
naturales, oponemos la necesidad de tomar en cuenta la desigualdad de las
condiciones en las cuales los seres humanos producen. Las ventajas comparativas
derivando de una mano de obra abundante o de la localización de ciertos recursos
sólo los aprovechan las transnacionales que los controlan, y no las regiones del
mundo que los cobijan. En todos los sectores, los precios de coste de los
productos, provenientes del sistema con fuerte intensidad de capital, están
fuera de alcance de los sistemas productivos basados esencialmente sobre el
trabajo. El criterio de la competitividad-precio condena a poblaciones enteras a
desaparecer. Si es eso la meta, hay que decirlo. Sino, hay que corregir las
desigualdades naturales de las condiciones de producción por un tratamiento
económico favorable para los más desfavorecidos.
Frente a la cláusula de la nación la más favorecida (2) de la OMC, oponemos el
derecho de los pueblos a organizarse libremente en amplias comunidades de
naciones solidarias, según modalidades destinadas a evitar todo efecto de
dominación de los más potentes sobre los más débiles; el derecho de protegerse
con barreras de preferencia comunitarias; y el de controlar los movimientos de
capitales cuyos flujos y reflujos brutales -como en Asia oriental en 1997-
desorganizan las economías reales y hunden las poblaciones en el desamparo.
Contra la cláusula del tratamiento nacional (3), reivindicamos el derecho de las
naciones para proteger sus actividades vitales, para valorar su territorio como
lo quieren y, de manera prioritaria, para preservar o construir su
autoabastecimiento alimentario contra la invasión devastadora de
la
agroindustria.
Rechazamos que los valores sociales, las culturas y todo lo que hace la
identidad de los pueblos se reduzca a la dimensión de valores mercantiles.
Frente a la realidad de la rentabilidad mercantil, proclamamos la primacía de
los derechos fundamentales de la persona, de la utilidad social y del interés
general.
La rentabilidad de las actividades que están vinculadas a esta idea no es
esencialmente monetaria y de corto plazo: es de naturaleza social, se manifiesta
a través de los efectos indirectos de largo plazo sobre el desarrollo de la
colectividad. Así fue en
el
siglo XIX para el ferrocarril; así tiene que ser hoy para
la industria
nuclear, las biotecnologías, etc. En medio de estas actividades, unas, porque
son cruciales para el futuro de la colectividad o se refieren a los derechos
fundamentales de la persona, (salud, educación, seguridad, infraestructuras,
actividades bancarias o financieras), no pueden depender de los criterios
mercantiles y de las ganancias. Le toca al poder público, sino de asumirlas, al
menos de controlar su ejercicio y su desarrollo. Las fusiones, las adquisiciones
y concentraciones susceptibles de ser puestas entre las manos de intereses
particulares -poderes a veces superiores a los de los Estados-, tienen que ser
rigurosamente limitadas, ver desmanteladas.
Tal nos
parece ser el campo del sector público.
Hay otras actividades cuya rentabilidad es también social y de largo plazo, sin
que ellas sean por lo tanto de naturaleza a poner su destino colectivo entre
manos de algunas potencias privadas. Eso porque esencialmente cultivan
relaciones de proximidad creativas de ciudadanía (sistemas de intercambios
locales, redes de intercambios recíprocos y de saber, vida asociativa local
etc.), o porque su primer objetivo no son las ganancias, y que el poder se
comparte allí entre el conjunto de sus miembros: asociaciones, cooperativas,
mutuales, sistemas financieros alternativos y solidarios. En todos estos casos,
el poder público debe favorecer el libre surgimiento de la creatividad
individual; tiene como responsabilidad de apoyarlas, en nombre y en los limites
de su productividad social.
Tal nos
parece ser el campo de la economía social y solidaria.
(4). Pues, no se trata aquí de la defensa de cualquier “excepción” –cultural por
ejemplo- (lo que llevaría a reconocer el estatus de norma a la regla
mercantil), sino de las funciones que tiene que asumir una sociedad en sus
diferentes niveles de organización.
Primacía de lo político.
Frente al reino sin compartir de la única racionalidad individual, oponemos pues
los principios de la economía “plural”.
Lo mismo que en la naturaleza, [el paso de la molécula a la célula, luego de
esta al órgano y al sistema (respiratorio, circulatorio, digestivo) se traduce
por la emergencia de nuevas funciones y de nuevas lógicas], afirmamos que cada
paso del individuo a los diferentes niveles de lo social, se acompaña de un
cambio de lógica: la racionalidad con la cual tienen que estar sometidas la
construcción y la gestión de un bien colectivo –planta hidroeléctrica o vía de
comunicación, por ejemplo- responde a un modo de cálculo diferente del que se
aplica a un bien individual, de equipamiento doméstico por ejemplo. Cada uno de
los niveles siendo de igual manera constitutivo del todo, no discutimos, al
contrario, afirmamos la existencia legítima de una racionalidad individual
mercantil. Lo que rechazamos radicalmente, es que la realidad económica se
reduzca a esta única lógica, y que lo social esté definido como una suma de
racionalidades individuales. De ahí las orientaciones de una acción política
apuntando a volver a poner la economía en su lugar, al servicio de la comunidad
humana, donde encuentra su sentido y su dignidad.
Primero,
se trata de asegurar la supremacía de los valores socioculturales sobre los
valores mercantiles.
En efecto, los primeros representan a lo que se refiere toda persona para dar
sentido a su existencia, y que ubica pues por encima de si misma. Estos valores
la comprometen en su concepción del mundo, mas allá de lo refutable y de lo
demostrable. De ahí la supremacía natural de la función política –que encarna el
proyecto social resultando de la libre confrontación de los sistemas de valores
socioculturales- sobre la función económica que, ella, se sitúa simplemente a
nivel de los medios a poner en marcha para realizar el proyecto colectivo.
El hecho que los valores se sitúen fuera del campo de lo refutable y de lo
demostrable
lleva
a respetar su pluralidad, fundamento mismo de la democracia.
Desde un punto de vista práctico,
eso significaría que, lejos de constituir la ley suprema a la cual tienen que
plegarse todas las demás, los acuerdos comerciales tienen que –al contrario de
las pretensiones de la OMC- ser subordinadas al respecto de las convenciones
internacionales relativas a los derechos individuales y sociales de la persona,
como al del medio ambiente –particularmente la declaración de Río, la Agenda 21
(5)
y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente-, directivas de las
Naciones Unidas que se refieren a la protección del consumidor, y del conjunto
de las convenciones de la OIT.
Luego,
someter las potencias económicas y financieras a la autoridad del poder político.
Las derivas de la especulación por ejemplo, llaman a la puesta en marcha de la
tasa Tobin o a otros medios que apuntan al mismo resultado, la organización de
un nuevo sistema monetario y financiero internacional y el control de los
movimientos de capitales en el mundo. Mientras el poder internacional de las
finanzas y de las transnacionales tendrá, frente a el, sólo a los gobiernos
nacionales, estos, lejos de ser árbitros, quedarán
como
juguetes que las potencias económicas manipularán a su antojo. Solamente la
concertación de los gobiernos, impuesta por la voluntad de los pueblos, podrá
elevar la potencia política al nivel planetario de las fuerzas que le toca
domar. Ya no se puede más
tolerar la extraordinaria inversión de situación,
por la cual los que reivindican la apertura de las fronteras,
frente a los asaltos de su única codicia,
han logrado colocarse como caballeros de una mundialización “feliz”,
cualificando de “antimundialistas” (6) a los que combaten su empresa de
confiscación del planeta. A la Internacional del dinero, oponemos un nuevo
internacionalismo que apunta a la concentración de la comunidad humana,
la cual tiene que promover de manera imperativa tres dimensiones de solidaridad:
·
Solidaridad entre los pueblos del mundo para la anulación de la deuda pública de
los países pobres,
por el reforzamiento de la ayuda internacional a su favor y por la
reestructuración de las instituciones internacionales alrededor de una
Organización Mundial del Desarrollo Social (OMDS)
Esta organización, democráticamente constituida, estaría habilitada para
negociar –en el nombre de los pueblos y con ellos- “contratos” que aseguren el
desarrollo de todos, en el respeto de los derechos fundamentales de los hombres
y de la protección de la naturaleza.
- Solidaridad de los seres humanos en
el seno de cada nación o comunidad de naciones,
mediante una reducción del tiempo de trabajo que permita dar un empleo para
todos, y por nuevas modalidades de repartición de las ganancias que garantice,
para cada cual, su parte de riquezas cuya producción es más y más el fruto de
una obra colectiva;
- Solidaridad de los seres humanos a
través de las generaciones, mediante la puesta en
marcha de políticas de la naturaleza –bien común de la humanidad- y de
desarrollo sostenible, que permitan a las generaciones presentes satisfacer a
lo mejor sus necesidades, sin por eso, comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las suyas.
Lo que los gobiernos, actuando de manera
dispersa, no pueden o no quieren hacer, la movilización de los pueblos está
empezando a realizarlo. Las mismas tecnologías de lo inmaterial que han
favorecido la mundialización del capital, permiten la concertación permanente y
la movilización de los movimientos ciudadanos en el mundo. Ayer, era el fracaso
del Acuerdo Multilateral sobre las Inversiones (AMI), el fiasco de la OMC en
Seattle, el cierre de los mercados europeos a los organismos genéticamente
modificados (OGM), el retiro del brevet llamado Terminador por la firma Monsanto...
[...] Y he aquí que estas movilizaciones esporádicas se transforman en una
fuerza de propuesta permanente con la cual los poderosos tendrán que contar (7).
(1)
definición del
diccionario “Robert”
(2)
La cláusula de la nación
la más favorecida obliga a todos los miembros de la OMC a extender de inmediato
y de manera incondicional para todos sus miembros una ventaja que acordaría a
uno de ellos.
(3)
La cláusula del
tratamiento nacional, otro principio fundamental de la OMC, obliga a un país
miembro, utilizar los productos nacionales de la misma manera que los
extranjeros.
(4)
Ver Jean-Loup Montchane,
“Ces territoires méconnus de l’économie sociale et solidaire”, Le Monde
Diplomatique, julio 2000
(5)
Adoptado por la Conferencia de las ONU
sobre el medio ambiente llevada adelante en Río en 1992, la Agenda 21 (o Acción
21) fijaba los objetivos a lograr y los medios a poner en marcha en el periodo
1992-2000, en materia de desarrollo sostenible. Sin embargo, las medidas
propuestas no eran obligatorias, su aplicación estaba dejada a la discreción de
los Estados.
(6)
Sobre el uso del termino “antimundialista”,
prestado del léxico del “Front Nacional” por los medias y personalidades
deseosas de desconsiderar los oponentes a la mundialización liberal, leer la
nota 9 del artículo de Bernard Cassen, “¿Irreversible, la mundialización?”,
Le Monde Diplomatique, enero 2001.
(7)
Leer Ignacio Ramonet, “Porto Alegre”,
Le Monde Diplomatrique, enero 2001.
Le Monde
Diplomatique -
Traducción EDAL